Por cuarto año consecutivo, el número de homicidios se incrementó en nuestra provincia. Con los 152 crímenes registrados hasta el 20 de diciembre, Tucumán aparece como la segunda provincia más violenta a nivel nacional, debajo de Santa Fe y por encima de Buenos Aires, la Capital Federal, Córdoba y Mendoza, sólo por citar las más grandes. Triste puesto que ocupamos desde hace ya tres años.
La cantidad de hechos de sangre comenzó a medirse en 2013. Ese año se registraron 112, en 2014, 111; en 2015 también 111; en 2016 se produjo la única baja porque se contabilizaron 92. A partir de allí la tendencia alcista nunca se detuvo. En 2017 hubo 118; en 2018, 137; en 2019, 141; y en 2020, cuando aún quedan días para que cierre el año, se contabilizaron 152. El incremento con respecto al año pasado roza el 10%. La suba acumulada en los últimos tres años se aproxima al 25%.
En el área de seguridad, los números de los homicidios son clave por una sola razón: no hay cifras en negro porque los cadáveres no se pueden ocultar; es decir, se los suma haya o no denuncia. Y en Tucumán los datos están escritos con rojo. Ni la pandemia pudo frenar el incremento. Sólo lo mitigó. Pero además de haberse registrado más casos, hubo mayor conmoción por la gravedad de cada uno de ellos. Todos los meses se registraron uno o dos hechos que movilizaron a los tucumanos.
Este fue un año atípico. Según los informes preliminares, a nivel nacional la pandemia generó una disminución del delito porque los argentinos se quedaron más tiempo en su casa. Se estima que la tasa de homicidios disminuyó en casi todo el país, menos en Tucumán. En una provincia donde los números tardan en salir a la luz, fuentes consultadas coincidieron en señalar que el 43% de los crímenes se concretaron en el marco de conflictos intravecinales. En segundo lugar, con un 32%, se ubican los homicidios en situación de robo y, por último, el 25% restante son intrafamiliares.
En 2020 se duplicaron los crímenes de violencia de género. Se registraron 23 casos, más del doble de los 11 contabilizados en 2019. Hubo 18 femicidios directos, tres vinculados (niñas que fueron asesinadas por las parejas de las mujeres víctimas) y dos transfemecidios. Esos números tienen nombre y apellido. Maira Alejandra Sarmiento, Paola Tacacho y Yannet Valladares fueron algunas de las víctimas que no encontraron respuestas por parte del Estado cuando pidieron ayuda. Y ahí está el problema, sigue sin haber protección para quienes sufren la violencia machista.
Los crímenes de Bruno Mariotti (asesinado por sus amigos, que pretendieron despojarlo de una herencia), Carlos Fabersani (lo mataron de un ladrillazo para quitarle la moto), el productor José “Pepe” Porcel (víctima de un asalto en La Ramada), el padre Oscar Juárez (ultimado por Jorge Herrera para que no lo denunciara por un robo de dólares) y la comerciante Ana Dominé (quien perdió la vida a manos de una banda de “rompevidrios”) movilizaron a los tucumanos. Todos se unieron para pedir más seguridad.
Pero hubo otras reacciones desmedidas e injustificadas que se transformaron en delitos. El caso más grave fue el linchamiento de José Guaymás, el autor del abuso y homicidio de la niña Abigail Riquel. Por culpa de la furia de esa horda asesina, el crimen de la pequeña quedará impune. El hartazgo de la sociedad se refleja en los más de 10 casos de la mal llamada justicia por mano propia que se registraron en 2020.
Se sabe que a las autoridades de la provincia no les gusta quedar expuestas a nivel nacional. Y este año, por la inseguridad y por el accionar de la Policía, la provincia quedó marcada. El crimen del trabajador rural Luis Espinoza, que fue asesinado de un disparo por la espalda por parte de policías que realizaban un procedimiento ilegal para frenar una carrera cuadrera, fue conocido en todo el país. Lo mismo sucedió con el linchamiento de Guaymás y el femicidio de Tacacho.
El 2021 que se aproxima no será muy diferente. La tensión social sigue en aumento por la crisis sanitaria y económica. Las inversiones en seguridad siguen siendo insuficientes. La Justicia, pese al cambio del Código Procesal Penal, sigue caminando peligrosamente hacia el colapso. Pero lo más grave es que no hay políticas de Estado para frenar la violencia que no cesa en la provincia.